El estado todopoderoso ¿se puede disolver?

Derecho, propiedad y libertad frente al avance del control estatal.

 

Desde las acampadas por el acceso a la vivienda en Puerta del Sol hasta las protestas masivas impulsadas por la Generación Z en las calles de Nairobi, Lisboa, Atenas o Dublín, una constante atraviesa la escena global: la juventud está tomando el espacio público para señalar el colapso de un modelo. Ya no se trata de un fenómeno local ni de una demanda aislada; en distintas latitudes las mismas presiones ahogan la vida cotidiana: el costo de la vivienda, el encarecimiento de la vida, la precarización laboral, la presión impositiva y la certeza de que las instituciones ya no responden a quienes sostienen el sistema.

En Kenia, entre 2024 y 2025, la rebelión juvenil logró un hito histórico: obligó al presidente William Ruto a dar marcha atrás, retirar por completo el paquete de reformas impositivas y disolver a casi todo su gabinete de ministros. Lograron frenar el avance fiscal del gobierno, pero el costo humano fue brutal: más de 60 manifestantes asesinados por la represión policial, cientos de heridos y decenas de detenciones arbitrarias.

Pero el mensaje quedó grabado a fuego: el abuso estatal no es invencible cuando la sociedad decide no tolerarlo más.

Cambian los países, los gobiernos y las consignas, pero el atropello sobre la vida de quienes sostienen el sistema no se detiene. Y ante semejante nivel de abuso, la pregunta que surge de inmediato es simple: 

¿por qué lo hacen?

Y la respuesta lo es aún más: porque pueden…

 

En la teoría tradicional del Estado suelen señalarse tres elementos básicos e indispensables para su existencia:

• El territorio: el espacio geográfico sobre el cual se ejerce la autoridad estatal.
• La población: el conjunto de personas que habitan ese territorio.
• El poder: la capacidad de establecer y hacer cumplir decisiones y normas dentro de ese territorio.

En algunas formulaciones, la soberanía se considera una característica o manifestación del poder estatal y queda incluida dentro de ese tercer elemento. En otras, se la distingue del poder y se la incorpora como un cuarto elemento.

 

Conviene no confundir los conceptos: gobierno y soberanía no son lo mismo. El gobierno es la estructura o conjunto de órganos que ejerce el poder estatal; la soberanía refiere a la autoridad suprema. Y, en un sistema democrático, la soberanía reside en el pueblo, no en quienes ocupan circunstancialmente el gobierno.

 

Hay una trampa semántica en esa definición que vale la pena mirar: si el territorio y las personas son apenas "elementos" del Estado, de ahí se desprende una conclusión lógica: el Estado es el dueño del escenario y nosotros apenas su mobiliario. Desde esa perspectiva, la tierra no le pertenece a los individuos que la habitan; la tierra es simplemente la dimensión espacial sobre la que el Estado ejerce su jurisdicción y las personas, el componente humano de una estructura que se atribuye el mapa antes de que abramos los ojos por primera vez.

La filosofía política lleva siglos discutiendo una pregunta de fondo: ¿el Estado es un servidor contratado para cuidar nuestra propiedad, o el dueño que nos cobra alquiler por pisar el mapa?

Ahí es donde entra la astucia del concepto moderno por excelencia: el Estado-nación.

Nos enseñaron a usar ambos términos como si fueran sinónimos, pero no lo son. La nación es la comunidad, la historia compartida, la cultura, la lengua, los lazos afectivos y espontáneos que unen a un grupo de personas. El Estado, en cambio, es el monopolio de la fuerza, la burocracia, la tributación obligatoria y la estructura de poder.

La fusión «Estado-nación» fue la jugada maestra. Al hibridar la identidad afectiva de un pueblo con el aparato coercitivo del gobierno, se logró un efecto anestésico perfecto: cuestionar al Estado pasó a sentirse casi como una traición a la patria. Nos hicieron creer que la burocracia tributaria que te ahoga es tu bandera, la tierra que pisás y la gente con la que compartís el mate.

Y si el Estado es la Patria, cuestionar sus impuestos, sus regulaciones o sus peajes deja de ser un reclamo para defender lo propio y pasa a ser visto como un ataque a la comunidad misma. La trampa es perfecta: convirtieron a la víctima de la extracción en el custodio de su propio extractor.

Echamos raíces, trabajamos y construimos una vida sobre un pedazo de tierra que sentimos propia. Pero en la práctica, esa pertenencia es pura ilusión: el Estado invierte los roles, transforma al administrador temporal en el dueño del juego y reduce al ciudadano a la servidumbre cobrándole por el simple hecho de existir.

 

Todo esto nos conduce al dilema filosófico de fondo que la academia suele barrer bajo la alfombra: ¿es el Estado un hecho natural y previo al que los hombres deben someterse, o una creación artificial de individuos libres que conservan sus derechos intactos?

Esta no es una discusión abstracta de café; es el choque frontal entre dos filosofías irreconciliables sobre el origen de nuestra libertad:

Por un lado, Thomas Hobbes (Leviatán) sostenía que, en el estado de naturaleza, no existe una autoridad común capaz de establecer y garantizar de manera efectiva derechos de propiedad. Para Hobbes, la propiedad adquiere carácter jurídico dentro de la comunidad política (Commonwealth), cuando existe un poder capaz de establecer las reglas y hacerlas cumplir.

Por el otro, John Locke (Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil) defendía una concepción diferente: la vida, la libertad y la propiedad no nacen del gobierno, sino que son derechos anteriores a él. En el estado de naturaleza, cada individuo es dueño de su propia persona y de su trabajo, y puede adquirir propiedad mediante su apropiación legítima de los bienes comunes. El gobierno no crea esos derechos: se constituye para protegerlos.

Pero ninguna de las dos posiciones resuelve todavía la pregunta fundamental: cuál es el alcance del poder del Estado sobre aquello que reconoce como propiedad privada.

La teoría jurídica moderna introdujo, a su vez, una distinción fundamental que ayuda a separar dos cosas que fácilmente pueden confundirse: el poder de mandar y el derecho de propiedad.

El imperium es la autoridad política y jurídica que se ejerce sobre un territorio: quién establece las reglas, quién las hace cumplir y quién tiene jurisdicción sobre lo que sucede dentro de sus límites.

El dominium, en cambio, se refiere al derecho de propiedad sobre una cosa: quién es su propietario.

Que el Estado ejerza autoridad sobre un territorio no significa que tenga un derecho de propiedad sobre todo lo que se encuentra dentro de él, ni que la jurisdicción sobre las personas y sus bienes se convierta en un derecho ilimitado de disposición sobre ellos.

Pero la trampa se revela cuando la teoría choca con la realidad cotidiana: si el Estado delimita, regula, confisca, grava y condiciona el uso de lo que tenemos y de lo que hacemos, la distancia entre lo público y lo privado deja de existir.

Una cosa es entender que no podés matar a alguien adentro de tu casa porque la convivencia responde a normas comunes dictadas sobre un territorio; otra muy distinta es no poder levantar una pared en tu propio terreno sin pedirle permiso al municipio y pagarle una tasa. En el primer caso hay un límite sobre el derecho a la vida de otra persona; en el segundo, un dueño que no es tan dueño. Y ahí emerge una pregunta que atraviesa todo este problema: ¿dónde termina la jurisdicción del Estado y dónde empieza la verdadera propiedad del individuo?

Porque el límite existe, al menos en teoría. Lo difícil es determinar dónde está exactamente y qué impide que, bajo distintas leyes y reglamentaciones, pueda correrse cada vez un poco más.

¿Qué clase de propiedad es aquella que queda sujeta a que una autoridad externa modifique unilateralmente las condiciones bajo las cuales podés usarla? ¿Hasta dónde puede seguir llamándose propiedad privada y en qué momento empieza a parecerse más a una licencia revocable?

Todo esto nos lleva al Contrato Social. En Rousseau, la cuestión ya no es simplemente quién manda, sino cómo puede existir una autoridad política legítima sin que el individuo deje de ser libre. La solución que propone es que los individuos constituyen mediante el pacto una comunidad política de la que ellos mismos forman parte, y que la ley, cuando expresa la voluntad general, no sería una imposición de un poder ajeno sino la expresión de esa voluntad colectiva.

La dificultad aparece cuando trasladamos esa construcción filosófica al individuo concreto. La teoría habla de un pacto que funda la autoridad política; la realidad nos encuentra sujetos a sus reglas sin haber participado personalmente de ese pacto. No elegimos sus cláusulas, no negociamos sus condiciones y tampoco podemos simplemente declarar que dejamos de ser parte.

El contrato que organiza buena parte de nuestra vida política es un contrato que ninguno de nosotros recuerda haber firmado. Desde la lógica de cualquier contrato ordinario, es el único acuerdo donde:

          1. Una de las partes jamás firmó nada ni prestó su consentimiento explícito.

2. Quedás atrapado dentro de sus cláusulas por el mero hecho biológico de nacer o pisar una porción geográfica del mapa.
3. Una de las partes (el Estado) se reserva la facultad unilateral de modificar las cláusulas cuando quiere, subir los precios de mantenimiento a su antojo y redactar las leyes de cumplimiento obligatorio para la otra parte.

Si el Estado fue una construcción humana para garantizar nuestros derechos, ¿por qué hemos terminado comportándonos como si nosotros fuéramos una parte de su patrimonio?

Y la pregunta escala a lo más íntimo: ¿qué tan dueños somos de nuestra propia vida y de nuestro trabajo?

El empresario paga por emplear.

El empleado paga por trabajar.

El autónomo paga por ofrecer un producto o servicio.

El conductor paga para circular.

Y acá aparece otra trampa: cuando hablamos de propiedad, solemos pensar solamente en una casa, un terreno o un auto. Pero la discusión es más amplia. Está también nuestra persona, nuestra capacidad de trabajar, nuestro tiempo y el fruto de ese trabajo. No son jurídicamente equivalentes a una casa ni se encuentran bajo el mismo concepto de dominium, pero todos remiten a una pregunta anterior: ¿qué cosas pertenecen al ámbito de decisión del individuo y cuáles quedan bajo el poder de la autoridad?

Porque una cosa es que el Estado tenga imperium para establecer las reglas de convivencia y otra muy distinta es que, bajo esa misma autoridad, pueda ir delimitando cada vez más qué podemos hacer con aquello que jurídicamente ya reconoció como nuestro.

Y cuando la respuesta a cada nueva obligación termina siendo simplemente “porque lo establece la ley”, la pregunta deja de ser solamente qué dice la ley y pasa a ser qué está legitimada a hacer una autoridad sobre aquello que no le pertenece.

¿Cómo es que alguien puede dictar una ley sobre algo que no es suyo?

Si mi casa y mi garaje son míos, y otra persona decide voluntariamente comprarme algo con su propio dinero, ¿por qué esa transacción privada necesita la autorización, regulación o intermediación de una autoridad? ¿En qué momento el uso de mi propiedad y el intercambio libre entre dos particulares pasaron a ser un delito en potencia que debo justificar ante el municipio o la agencia recaudadora?

Aquí es donde el propio texto constitucional acorrala a la burocracia con su propia lógica:

El artículo 19 establece que las acciones privadas que no perjudiquen a terceros ni afecten el orden público quedan fuera de la autoridad de los magistrados, rematando con un principio sagrado: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. A su vez, el artículo 14 reconoce explícitamente el derecho a trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar y disponer de la propiedad.

Frente a esto, el burócrata suele apelar a la pequeña rendija de ese mismo artículo: "conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio". Y ahí es donde montaron la estafa. ¿Puede una simple reglamentación transformar un derecho originario en una concesión o una licencia que el Estado otorga, retiene o cobra a su antojo?

El propio texto constitucional responde dos páginas más adelante, con una claridad que la clase política prefiere ignorar. El artículo 28 actúa como un candado definitivo: “Los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

La respuesta jurídica, ética y lógica es: No.

Por supuesto, no soy tan ingenua: sé perfectamente que un batallón de abogados constitucionalistas y jueces adictos al poder encontrarán siempre la pirueta técnica, la doctrina de la «emergencia» o el eufemismo normativo para justificar el peaje. Pero que logren disfrazar el atropello con jerga jurídica no cambia la verdad de fondo: una reglamentación que altera ahoga o anula el uso de lo propio podrá ser legal en sus propios tribunales, pero sigue siendo inconstitucional en su esencia y un abuso de poder disfrazado de trámite.

El diseño institucional global padece del mismo defecto de fábrica: deja en manos del propio Estado la interpretación de los límites de su propio poder.

No importa si la norma está escrita en Buenos Aires, Madrid, Washington o París: cuando la Constitución le concede al gobierno la facultad de «reglamentar» un derecho, le está entregando el lápiz con el que, tarde o temprano, la burocracia terminará borrando la propiedad del individuo.

En cualquier ámbito del derecho privado, un contrato donde una de las partes puede cambiar unilateralmente las cláusulas, fijar su propio sueldo y usar la fuerza para cobrar sin que la otra pueda rescindirlo sería nulo por estafa. En la teoría política, a eso lo llaman representación.

Estamos ante la estafa contractual más grande de la historia.

Soberanía y límites

Pero hay algo todavía más profundo que el poder de regular, cobrar y condicionar: el poder de obligar. Porque una ley no se sostiene únicamente sobre el papel. Detrás de la obligación existe, en última instancia, la posibilidad de hacerla cumplir mediante la fuerza.

Y entonces la pregunta vuelve a cambiar de escala: si el poder político deriva de la soberanía popular, ¿qué ocurre cuando ese mismo poder, utiliza la fuerza contra quienes son la fuente de esa soberanía?

Una cosa es la legitimidad que una sociedad otorga a un gobierno para ejercer determinadas funciones y otra muy distinta es suponer que, una vez otorgado ese poder, desaparecen todos los límites.

Pensemos en algo más sencillo. Si tengo una empresa y contrato a un gerente para que la administre, le estoy delegando facultades para tomar determinadas decisiones. Eso no significa que le haya entregado la propiedad de la empresa, ni que pueda disponer o repartir mis bienes como considere, como si fueran propios. Delegar la administración no equivale a transferir la propiedad ni a entregar un cheque en blanco.

Entonces, aplicado al poder político, aparecen varias preguntas.

¿Qué es exactamente lo que una sociedad delega cuando legitima a un gobierno?

La sociedad delega el ejercicio de determinadas funciones de gobierno; no les entrega la soberanía misma ni un poder ilimitado.

¿Qué ocurre cuando el poder delegado empieza a ampliar por sí mismo su propio alcance? Si la delegación tiene un marco, ¿quién determina hasta dónde llega ese marco? ¿Puede el propio poder delegado ampliarlo indefinidamente?

¿Y qué ocurre cuando los límites no desaparecen de golpe, sino que se desplazan un poco cada vez?

Una obligación nueva. Una excepción. Una restricción presentada como necesaria. Una facultad que antes no existía. Otra que se amplía. Y, con cada paso, una sociedad que se adapta al nuevo límite hasta que deja de recordar dónde estaba el anterior.

Entonces quizá el problema no sea que las personas hayan decidido entregar voluntariamente un poder ilimitado. Quizás el poder se haya ido volviendo ilimitado precisamente porque cada nuevo límite fue aceptado como una excepción, una necesidad o un mal menor.

Y si para imponer un límite cada vez más amplio existe la posibilidad de utilizar la fuerza, ¿hasta qué punto la ausencia de rebelión puede interpretarse como consentimiento?

¿Que una sociedad se adapte significa que está de acuerdo?

¿Y si el poder puede recurrir a la fuerza para imponer cada nuevo límite, en qué momento deja de ser autoridad y empieza a convertirse en autoritarismo?

Después de todo, no resulta tan descabellado querer quedarte en casa y acatar “las normas” si la otra opción es que te muelan a palos…

Que en los discursos oficiales aseguren después que la gente se repliega porque “está de acuerdo con el modelo”, solo se lo cree el que se lo quiere creer. Pretender que la sumisión nacida de la coerción es una prueba de consenso es el cinismo perfecto del político autoritario.

Es un miedo racional… no legitimidad.

Por supuesto, no hay que pecar de ingenuos: además de la red de beneficiados directos que lucra con el esquema, siempre hay un sector de la sociedad que se muestra genuinamente conforme con determinadas medidas. Pero más allá del beneficio o la afinidad sincera, ocurre algo todavía más perverso: que se active una suerte de Síndrome de Estocolmo político.

No es solo la fascinación por el carisma del líder de turno lo que adormece la reacción, sino el goce revanchista de ver cómo la misma guillotina cae sobre el rival. Aceptamos gustosos una restricción que nos destruye con tal de que salpique a la oposición. Cuando la política se reduce a un juego de suma cero donde el daño ajeno se festeja como victoria propia, el Estado ya no necesita doblegarnos: le entregamos la llave de nuestra jaula voluntariamente.

(Alcanza con leer los comentarios en redes sociales: hay más gente regodeándose en la revancha contra la oposición que celebrando una medida que, desde su punto de vista, nos va a llevar al crecimiento).

Pequeñas miserias humanas…

El sistema tilda de “delito” a la resistencia únicamente para autopreservarse. Sin embargo, cuando el poder vulnera los derechos preexistentes que debía custodiar, debería entenderse que pierde su única fuente de legitimidad y cae en una ilegalidad de origen. En ese marco, la resistencia no tendría que considerarse un delito, sino la legítima defensa frente al abuso: la etiqueta de “ilegalidad” es solo el disfraz con el que el Estado criminaliza la autodefensa del ciudadano.

Cuando el gerente usa la seguridad de la empresa para asaltar al dueño, no está ejerciendo ninguna autoridad: dejó de ser gerente y se convirtió en usurpador.

Si la pregunta para el poder es ¿por qué lo hacen?, la pregunta para el ciudadano es otra: ¿por qué lo permitimos?

Porque el abuso no siempre llega con la forma de un abuso. A veces llega disfrazado de necesidad, de seguridad, de excepción, de orden o de una pequeña modificación que parece demasiado insignificante como para discutirla. Y cuando cada avance es apenas un poco mayor que el anterior, la frontera se desplaza sin que necesariamente percibamos que se está desplazando.

Ahí es donde la metáfora de la rana hervida resulta especialmente reveladora.

La metáfora de la rana hervida permite visualizar cómo un poder puede avanzar sobre la libertad, la propiedad y la vida de las personas sin que cada avance provoque una rebelión inmediata. No porque nadie vea lo que ocurre, sino porque cada aumento de la temperatura puede parecer tolerable cuando se lo compara solamente con el anterior.

Si tirás una rana en una olla de agua hirviendo, el choque térmico es tan brutal que el animal reacciona instintivamente y salta de un golpe para salvarse. Pero si la ponés en agua a temperatura ambiente y vas subiendo el fuego muy despacio, un grado a la vez, la rana ajusta su temperatura corporal al entorno. No percibe el peligro porque cada pequeño aumento de calor es casi imperceptible en comparación con el momento anterior. Para cuando el agua está hirviendo, la rana ya no puede saltar. Muere hervida, no por falta de capacidad física, sino por la incapacidad de registrar la aceleración del daño.

Con la extracción estatal y la pérdida de soberanía individual pasa exactamente lo mismo.

Si un gobierno decretara de la noche a la mañana que se va a quedar con el 50% de tu sueldo, que tenés que pedirle permiso en una ventanilla municipal para tocar una pared de tu propia casa, y que no podés comerciar libremente con tu vecino sin que un tercero se lleve una tajada, la reacción social sería inmediata y violenta: la rana saltaría de la olla.

Por eso, la expansión del Estado casi nunca llega como un golpe de Estado ruidoso; se parece más a una anestesia gradual. Si se repasa la historia del último siglo, salta a la vista un patrón que se repite en todo el globo: crisis de emergencia, impuestos «extraordinarios» que jamás se retiran, regulaciones «provisionales» sobre el dinero y barreras burocráticas a la movilidad que vinieron por un par de meses y se quedaron para siempre. Basta investigar cómo nacieron el impuesto a los ingresos, el dinero fiduciario sin respaldo o los controles fronterizos para entender que lo que hoy aceptamos como «normal» empezó como un abuso excepcional.

En este proceso de asfixia sistemática, la brecha no hizo más que ensancharse: mientras la clase política y los grandes actores corporativos navegan la hiperregulación a través de influencias y exenciones, y el que trabaja pierde cada vez más capacidad de ahorro y calidad de vida.

El mecanismo es siempre el mismo: la emergencia crea el precedente, el precedente se vuelve norma y la norma se transforma en paisaje. En una o dos generaciones, la memoria de la libertad originaria desaparece. Lo que antes habría provocado un escándalo, hoy se percibe simplemente como “la forma en que funcionan las cosas”

No es que nadie advierta el aumento de la temperatura, sino en que cada aumento sea lo suficientemente pequeño como para que la siguiente generación ya encuentre normal la temperatura anterior.

La tragedia de la metáfora no es solo la astucia del que maneja la perilla del fuego, sino la capacidad de adaptación de la víctima. Nos adaptamos a la burocracia, nos adaptamos a la inflación, nos adaptamos a la presión tributaria y nos adaptamos a que el administrador actúe como dueño.

Nos acostumbramos a entregar parcelas de libertad a cambio de la promesa de un bien mayor: la seguridad. Y ahí es donde el argumento del control despliega su ingeniería más seductora.

Pensemos, por ejemplo, en el control del dinero. La justificación oficial siempre suena razonable: combatir el lavado, el narcotráfico, el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo. Problemas reales, graves y difíciles de discutir en público sin quedar bajo sospecha.

Pero hay una pregunta incómoda: ¿cuánto de todo ese despliegue consigue realmente impedir aquello que dice combatir?

Porque si miramos la realidad, el crimen organizado no desapareció. El narcotráfico continúa, la trata de personas continúa, el tráfico de armas continúa y los mercados clandestinos siguen operando. El delito grave que se pretende combatir siempre encuentra la rendija por donde escabullirse.

Mientras tanto, quien trabaja honestamente, ahorra, compra, vende o intenta disponer del fruto de su propio esfuerzo, queda atrapado en una red millonaria de regulaciones, registros, declaraciones juradas, límites e impuestos.

Y entonces aparece una pregunta todavía más hiriente: si el sistema es tan implacablemente eficiente para no dejar un solo resquicio donde meter la mano en el bolsillo del ciudadano, ¿por qué resulta tan torpe e ineficaz para concentrar esa misma tecnología de control en la ilegalidad que realmente nos destruye?

No hace falta ponerse conspiranoico ni suponer complicidades oscuras para advertir la perversión del esquema. Si el ciudadano que cumple vive permanentemente bajo sospecha, obligado a demostrar su inocencia ante cada movimiento financiero, mientras el delincuente opera en las sombras, la prioridad del Estado no es protegernos: es fiscalizarnos.

Después de todo, lo verdaderamente razonable sería dejar en paz a quien produce, comercia y vive de su trabajo, y concentrar toda la fuerza pública en perseguir a quien efectivamente le hace daño a los demás.

Y hay otra paradoja todavía más difícil de ignorar: ese ciudadano ya paga por la seguridad que el Estado promete brindar. Sin embargo, cuando esa protección falla y es víctima de un delito, el costo de la vulneración recae por completo sobre él. Paga por una cobertura que no recibe, paga el precio del daño cuando la prevención fracasa y, mientras tanto, se lo obliga a seguir financiando y acatando el mismo aparato que le soltó la mano…

Y mientras buena parte de las decisiones económicas y los sacrificios presentes se justifican en nombre de la «inversión», el crecimiento y los beneficios que supuestamente llegarán mañana, la realidad nos devuelve siempre el mismo cuento de la buena pipa.

Nos piden paciencia para un futuro que nunca llega, mientras los datos del presente muestran una constante implacable: según relevan los informes globales sobre riqueza (como los de Credit Suisse/UBS o los balances anuales de Oxfam), el 1% más rico de la población mundial ya concentra casi la mitad de la riqueza del planeta, al tiempo que en las últimas tres décadas la participación de los salarios en el producto global no ha parado de caer.

El argumento de la postergación es el anzuelo perfecto. Nos prometen que el esfuerzo de hoy se traducirá en el bienestar del mañana, que las exenciones y facilidades al gran capital terminarán derramando empleo y prosperidad. Pero la rueda gira hace años exactamente en la misma dirección: la acumulación se acelera arriba mientras abajo la vida se enfrenta a salarios con márgenes cada vez más estrechos.

Desde una lógica puramente económica, podría pensarse que al propio sistema le convendría una ciudadanía próspera: más consumo, más actividad y una torta más grande de la cual recaudar. Sin embargo, el objetivo primario del poder no es la eficiencia, sino la dependencia. Ocurre exactamente igual que en las dinámicas de dominación doméstica: el abusador prefiere resignar un segundo ingreso con tal de mantener a su víctima aislada, sin margen de autonomía financiera. Porque el dinero da margen de maniobra, y el margen de maniobra permite elegir, decir «no» o marcharse. Para garantizar el sometimiento se necesita achicar las alternativas del ciudadano hasta que la pura subsistencia consuma toda su energía diaria. El poder no busca administrar la abundancia de hombres libres; prefiere administrar la escasez de rehenes.

Ahora bien, conviene hacer una distinción fundamental: que una persona gane o acumule más dinero que otra no representa, en sí mismo, un problema. Desde una perspectiva genuinamente libre, si a cada uno se lo deja producir e intercambiar en paz, que un vecino posea veinte casas o una fortuna legítima resulta irrelevante. El problema jamás ha sido el dinero; el problema es la concentración de un poder capaz de comprar voluntades, redactar leyes a medida, coaccionar jueces o imponer agendas políticas globales para perpetuar la servidumbre de la población. Para entender la escala del fenómeno hay que ampliar el mapa: la regulación asfixiante que sufrimos hoy no la inventó el municipio local, forma parte de una red burocrática internacional mucho más extensa. Y si la calidad de vida media no ha parado de deteriorarse en las últimas tres décadas, sin ser Nostradamus se puede intuir que sostener ese nivel de control cuesta cada vez más caro, y la factura la seguirán pagando siempre los mismos.

Ante este panorama surge la pregunta inevitable: ¿se puede disolver el Estado? Pretender que eso ocurra de la noche a la mañana en una sociedad golpeada, sin desarrollo personal y con pobreza de espíritu, sería una ingenuidad peligrosa. Si mañana disolvés el Estado en un contexto así, no nace la libertad: nace la tiranía de consorcio. Ocurre exactamente lo mismo que con los sindicatos o las cooperativas, que nacen para defender a un grupo y terminan convertidos en cuevas de intermediarios que lucran con la pasividad general.

El verdadero límite al abuso no se redacta en una ley ni se deposita en una urna; se ejerce en la conciencia individual. El autogobierno no es una utopía técnica, sino un estado de desarrollo personal. Solo cuando el individuo aprende a reconocer la manipulación, supera el miedo, desmonta la falsa ética de la docilidad y asume su propia responsabilidad personal —para sí y para con el entorno—, el poder pierde su capacidad de sometimiento y, poco a poco, toda legitimidad.

Para quien crea que las cosas son así, que están bien como están o que sencillamente no pueden cambiar, el análisis termina acá. Para quienes prefieren elegir su propia aventura, queda abierta la invitación para el próximo capítulo

 Anterior: El costo de existir: el ciudadano productivo versus el estado parasitario

 

 Marian

Consultora en desarrollo personal y comunicación

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