El costo de existir: El ciudadano productivo versus el Estado parasitario

  Los 5 actores del tablero: Empleados, autónomos y PyMEs frente a la alianza entre los grandes grupos económicos, el Estado y el negocio redondo de la inflación.

En 1938, una ficción radial sobre una invasión marciana, “La guerra de los mundos”, emitida por la CBS, pasó a la historia como un episodio de pánico colectivo en todo Estados Unidos. La historia era buena; el pánico masivo, bastante menos. Pero el relato sobrevivió porque servía para demostrar algo: “miren lo fácil que es engañar a la gente”. Antes de preguntarnos qué tan crédula es la gente, conviene preguntarnos quién cuenta la historia, qué nos quiere hacer creer y, sobre todo, qué margen de elección tenemos si no le creemos.

Desde la antigua Mesopotamia hasta hoy —probablemente mañana, y así sucesivamente mientras no se nos caiga una idea para revertirlo— nacimos para ser un recurso. Ayer de reyes y faraones; hoy, del Estado.

Da igual el color del gobierno de turno: el Estado, como arquitectura invisible, nos vendió el cuento del «pacto social». La realidad es que estamos atrapados en el peor matrimonio de la historia: uno donde la lealtad es obligatoria, pero la reciprocidad es una farsa. Un contrato donde la promesa romántica de «en las buenas y en las malas» fue reemplazada por una regla unilateral: en las buenas, el Estado gana y cobra como socio; en las malas, se lava las manos y te ejecuta como acreedor. La única parte del contrato que parece estar garantizada es hasta que la muerte nos separe.

Pero para analizar esta relación tóxica entre Estado e individuo, empecemos por el origen mismo: la vida que, en teoría, “le pertenecería” a cada persona. La esclavitud fue abolida y ya nadie puede exhibir legalmente un título que diga que sos de su propiedad. Entonces, si ya no pertenecemos a otro, ¿qué clase de libertad es aquella en la que cada derecho que se nos reconoce viene con su correspondiente reglamentación sobre cuánto cuesta o cómo podemos ejercerlo?

En Argentina —y la lógica no cambia demasiado en el resto del mapa, donde solo varía el número del código—, el Estado también decide sobre cuestiones bastante más profundas que cuánto podemos producir o cuánto debemos pagar. El artículo 19 del Código Civil y Comercial establece que «la existencia de la persona humana comienza con la concepción». Sin embargo, la Ley 27.610 establece que hasta la semana 14 la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Al mismo tiempo, si una persona adulta decide que no quiere continuar con su propia vida, la Ley 26.742 establece que las directivas anticipadas que impliquen prácticas eutanásicas se tienen “como inexistentes” y el Código Penal sanciona a quien instigare o ayudare a otra persona a suicidarse. No planteo acá el debate moral sobre el aborto, ni sobre la eutanasia. Me interesa algo anterior: ¿cómo es que el Estado determina jurídicamente qué somos, qué derechos tenemos y hasta dónde podemos decidir sobre nuestra propia existencia?

Quizá haya llegado el momento de revisar qué entendemos realmente por libertad. Porque antes de levantar el mentón, emocionarnos y festejar cada discurso en el que aparece esta palabra, podríamos preguntarnos algo bastante más incómodo:

 ¿libres para qué, libres de qué y, sobre todo, libres hasta dónde?

 La propia Constitución Nacional reconoce que todos los habitantes tenemos derecho «de trabajar y ejercer toda industria lícita», «de navegar y comerciar» y «de usar y disponer de su propiedad». Pero hay una pequeña aclaración al comienzo del artículo 14 que suele pasar bastante más desapercibida: esos derechos se ejercen «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio». Es decir, somos libres de trabajar, producir, comerciar y disponer de lo nuestro, siempre dentro de las reglas que establece quien tiene la potestad de dictarlas.

Las leyes que reglamentan el ejercicio de nuestros derechos también pueden cambiar. Lo que hoy está permitido o prohibido, puede ser diferente mañana, porque quien tiene la potestad de dictar las reglas también puede modificarlas.

 

Y es en esa rendija jurídica —la famosa "reglamentación de los derechos"— donde el matrimonio desigual cobra vida material. Lo que la Constitución como una fachada poética te concede como un derecho, la reglamentación te lo dosifica, te lo arancela o te lo quita mediante decretos, resoluciones de la agencia tributaria y decretos de necesidad y urgencia. La libertad te pertenece en la teoría; la letra chica —“podés tener lo que te esfuerces por conseguir, siempre que yo te deje”—. le pertenece al Estado.

En este engranaje, quienes realmente producen y generan la riqueza a la sociedad quedan atrapados en una paradoja: trabajan para crear valor, pero producen para sostener una burocracia y un corporativismo que moldean las reglas a su favor.

  El empleado: queda reducido a una categoría rígida y obsoleta. En una economía donde el trabajador aporta capital intelectual, creatividad y capacidad de resolución, el sistema insiste en tratarlo como un simple engranaje mecánico. Al encajonarlo en categorías estáticas (A, B o C), el Estado invisibiliza su valor agregado real, devalúa la interdependencia de la relación laboral y justifica esa asimetría en el "riesgo empresarial" (lo cual es lógico, pero es un debate aparte).

  El empresario (referido a la PyME): que absorbe ese riesgo, descubre rápidamente que la consideración del Estado es una farsa. El sistema no solo los asfixia a impuestos, sino que les cobra una suerte de "peaje" por el solo hecho de "alquilar" la fuerza de trabajo de sus ciudadanos. Si el negocio da pérdidas, el riesgo es 100% privado; si da ganancias, el Estado se sienta a la mesa como un socio que jamás puso un peso.

  El autónomo: expone de forma definitiva la hipocresía de este relato. Si la justificación para limitar al empleado fuera realmente la protección del "riesgo empresarial", con el autónomo queda al desnudo que al Estado el riesgo le importa un carajo. Siendo al mismo tiempo la fuerza de trabajo y el empresario que arriesga lo propio, sufre la extorsión de un sistema que le exige pagar por el solo hecho de existir y levantar la persiana, facture o no facture. Porque si se enferma o se quiere tomar un mes de vacaciones, no genera ingresos, pero paga igual.

Si el Estado no puso el capital, no puso el cuerpo ni el tiempo, no asume la enfermedad ni el riesgo de que mi actividad quiebre, se lleva el IVA de la compra al proveedor y de la venta del cliente ¿con qué derecho jurídico o moral se autoproclama socio cuando gano, pero se lava las manos cuando pierdo? ¿quién trabaja para quién?

El autónomo paga un canon de existencia: un tributo feudal para que el Estado le "permita" generar su propio sustento con su propio capital.

No somos socios del sistema; somos su materia prima. Y si de este lado solo estamos los que ponemos el lomo, el dinero y el riesgo, la pregunta cae por su propio peso: cuando la política promete achicar el Estado para "devolverle los recursos a la gente", ¿a qué gente se refiere exactamente?

Porque tras la narrativa del alivio fiscal y la austeridad estatal se esconde un mapa con tres actores muy diferentes, pero donde solo uno paga la cuenta. El Estado (que jamás quiere perder recaudación), el corporativismo prebendario (los grandes grupos con capacidad de lobby que exigen exenciones a medida) y la población productiva (empleados, PyMEs y autónomos que sostienen la fiesta mientras corren tras la zanahoria y, de vez en cuando, le dan un mordisco para juntar fuerzas y seguir corriendo).

Si la premisa central para achicar la estructura pública es que "el dinero rinde mejor en manos del sector privado que lo produce", la consecuencia lógica inmediata debería ser una bajada masiva e indivisible de la carga tributaria general: tocar los impuestos ciegos como el IVA a los artículos de primera necesidad y servicios básicos y reducir las cargas sobre el trabajo que asfixian al ciudadano común y a las pequeñas empresas.

Sin embargo, cada vez que la política mete la tijera, el recorte nunca llega al que produce. En su lugar, suelen aparecer dos trampas estructurales:

 

1. La inconsistencia del "alivio selectivo"

Cuando un gobierno anuncia reducciones impositivas enfocadas exclusivamente en bienes de lujo, autos importados o regímenes especiales para grandes capitales, mientras mantiene intacto el 21% de IVA en la leche, el pan o la carne, no está aplicando libertad económica universal; está priorizando a sus aliados estratégicos.

La pregunta "¿a qué gente le devolvieron?" se responde sola: se le devuelve primero al corporativismo que mueve la aguja política o tiene capacidad de presión. Para el empleado y el pequeño comerciante, la presión fiscal sigue siendo la misma, pero con menos servicios a disposición.

2. El espejismo del "recorte hoy, alivio algún día"

El argumento oficial suele ser que primero hay que cerrar el déficit fiscal y que después se bajarán los impuestos masivos. Esta lógica es profundamente asimétrica:

• El recorte de servicios e infraestructura es inmediato: El ciudadano siente la quita de contención desde el día uno.
• La baja de impuestos masivos se pospone indefinidamente: La reducción del IVA o de las cargas sobre el trabajo se convierte en una promesa de campaña perpetua que jamás llega ni a las manos de los que realmente trabajan ni a la góndola del supermercado.

Ya lo vimos en los años 90: el proceso de privatizaciones redujo el gasto público, pero no vino acompañado de un alivio tributario para el ciudadano. De hecho, el IVA subió del 18% al 21% bajo la excusa de "sostener la caja fiscal de manera provisoria". Pasaron más de 30 años, el Estado cambió de manos diez veces, pero la medida "provisoria" quedó fija para siempre. Se achicó la presencia del Estado en los servicios, pero se mantuvo intacta su garra recaudadora sobre el consumo diario.

La verdadera prueba de fuego

Cualquier discurso que hable de «devolverle la libertad al ciudadano» solo se vuelve creíble cuando el alivio llega a los impuestos que pagan, en la misma proporción, desde el tipo de mayor poder adquisitivo hasta el que cuenta las monedas para llegar a fin de mes.

Si el beneficio fiscal se queda en los aranceles para importar bienes de lujo mientras el pan, la leche y los servicios básicos siguen cargando impuestos de confiscación, no hay ningún cambio de paradigma. Es, simplemente, un cambio de nombres en la lista de los favorecidos del mismo esquema de siempre.

 

 ¿Qué es el "corporativismo prebendario"?

El corporativismo prebendario (también conocido en economía como crony capitalism o capitalismo de amigos/amiguismo)... pero olvidemos los nombres técnicos. En la práctica, el corporativismo prebendario no es más que un acuerdo de protección mutua entre el poder político y un puñado de grandes empresarios. Es un sistema donde una empresa no gana plata por ser eficiente, por innovar o por ofrecerte la mejor calidad al mejor precio, sino por tener la billetera y el teléfono correcto para conseguir leyes a medida.

¿Cómo funciona? El Estado les regala ventajas que al ciudadano de a pie y a las PyMEs les niegan todos los días:

La trampa de los autos y los bienes de lujo: Bajan o eliminan aranceles a la importación de autos de alta gama o bienes de lujo festejando "la apertura del mercado", mientras que, para importar un insumo industrial, un repuesto para una máquina o la computadora que necesita un profesional autónomo para trabajar, te aplican impuestos, permisos de importación y retenciones de todo tipo.

• Los regímenes de "promoción" intocables: Existen zonas francas o regímenes especiales de ensamblado donde tres o cuatro grandes grupos no pagan IVA ni ganancias, vendiéndonos productos tecnológicos armados localmente a precios disparatados bajo la excusa de "proteger la industria". ¿La PyME textil o el taller de la vuelta? Pagan hasta el último peso de cargas sociales y tasa municipal.
• Los créditos con tasa subsidiada (o bonificada): Lanzan líneas de crédito «a tasa preferencial» para grandes desarrollos o corporaciones, financiado indirectamente con emisión o deuda que genera inflación. Es decir: la inflación te licúa el sueldo a vos para que un grupo corporativo se financie a tasa regalada.
• La tijera que no llega al ticket: Se anuncian con bombos y platillos reducciones de impuestos PAIS, quitas de retenciones para exportadores o quitas de aranceles corporativos. Pero cuando vas al supermercado, el IVA del 21% sigue firme en la leche, el pan, los medicamentos y la luz. La baja de impuestos existe, sí, pero nunca cruza la puerta de la casa del laburante.

El resultado real: No vivimos en un mercado libre; vivimos rodeados de cazadores cazando en el zoológico. Nos convirtieron en clientes rehenes de empresas que no compiten, cobrándonos precios inflados por servicios precarios, mientras el político de turno se asegura financiamiento y los grandes grupos aseguran su caja.

¿Porque se habla de las causas que generan inflación, pero nadie habla de sus beneficios?

En la facultad y en los medios te enseñan la inflación como si fuera una "enfermedad", un "virus" o un accidente inevitable que nos perjudica a todos por igual. Es una narrativa cómoda porque elude culpables y disfraza un mecanismo ciego como si fuera un problema técnico.

En la enseñanza introductoria de macroeconomía suelen aparecer distintos mecanismos capaces de generar o alimentar la inflación:

1. Emisión monetaria (exceso de oferta de dinero).
2. Inflación de demanda (se consume más de lo que se produce).
3. Inflación de costos (aumento de insumos, tarifas y materias primas).
4. Inercia y expectativas (los precios suben "por las dudas" o por contratos indexados).
5. Shocks de oferta (problemas estructurales, guerras o sequías).

Los manuales pueden explicar los mecanismos que producen inflación sin detenerse necesariamente en la pregunta de quién gana y quién pierde con cada uno de ellos.

La inflación no es un fenómeno abstracto ni un accidente de la naturaleza; es la herramienta de confiscación más sofisticada jamás diseñada. Si persiste durante décadas no es por incapacidad técnica para resolverla, sino porque los incentivos para mantenerla son infinitamente más fuertes que los incentivos para erradicarla. Funciona, en la práctica, como un impuesto no votado por el Congreso que redistribuye riqueza en silencio a favor de dos grandes actores:

• El Estado (liquida deuda y multiplica la caja): Como principal deudor de la economía, el Estado liquida jubilaciones, salarios públicos y contratos con billetes que cada día valen menos en términos reales. Al mismo tiempo, los impuestos al consumo (como el IVA) se cobran en tiempo real sobre el precio inflado de hoy. Recauda más al instante, pero cancela sus obligaciones con dinero devaluado y sin pagar el costo político de subir un impuesto por ley.
• Para verlo en la góndola sin rodeos: en noviembre de 2023, con un sachet de leche a $457, el Estado se quedaba con unos $96 de IVA por litro. Hacia fines de 2024, con el litro rozando los $1.700, la tajada del IVA saltó automáticamente a casi $357. Y hoy, con el sachet pisando los $2.500, el Estado se embolsa más de $520 por el mismo bendito sachet. La vaca da exactamente la misma leche, pero el Estado ordeña más de cinco veces más plata de la misma teta sin haber tenido que mover un solo dedo ni aprobar una sola ley.

 

• El gran corporativismo: Para las grandes empresas que operan en mercados concentrados y protegidos —donde el Estado les frena la competencia real llenando de trabas a las PyMEs o a las importaciones—, la inflación es una herramienta de extracción perfecta.

Como manejan el mercado con poca o nula competencia de fondo, trasladan los aumentos al mostrador de forma inmediata. Pero a sus trabajadores les ajustan los sueldos en cuotas absurdas que siempre corren muy por detrás de la inflación. En ese desfasaje, la empresa cobra hoy a precios inflados y paga el trabajo de sus empleados con billetes que mañana valen menos.

Así se da la paradoja cruenta del sistema: mientras del mismo sachet de leche el Estado recauda cinco veces más plata, al empleado le pasa exactamente lo opuesto. Su tiempo de vida vale cada vez menos. Para llevarse a su casa el mismo alimento, tiene que entregar el doble o el triple de horas de esfuerzo. Se invierte la ecuación: a quien arriesga su cuerpo y su tiempo vendiendo su trabajo, el sistema le notifica todos los días que su vida vale menos que ayer.

 

He oído en reiteradas ocasiones que «los más pobres de hoy son más ricos que los reyes de la Edad Media» porque tenemos electricidad, agua corriente o un teléfono en el bolsillo. Es una trampa conceptual absurda. Tener un celular o conexión a internet no te hace próspero ni millonario: te hace un sujeto funcional al mundo moderno. El rey medieval no pagaba factura de luz, ni plan de datos, ni la verificación técnica del auto, ni abonos de transporte público para ir a buscar trabajo (tampoco necesitaba buscar trabajo) La tecnología no es riqueza; es el costo de entrada básico para no quedar marginado del sistema. Te cambiaron la capacidad real de alimentarte y descansar por un aparato con pantalla táctil.

Si dejamos de lado la comparación ridícula entre viajar en carabela o viajar en avión y vamos a una mucho más cercana y real, la falacia se cae a pedazos.

En los años 80, mi abuelo, un jubilado con la mínima —que complementaba su ingreso de forma humilde acomodando autos en un garage— podía, con ese ingreso modesto pero digno, sostener una abundancia cotidiana que hoy parece de otra galaxia. Podía llenar la despensa, colgar salamines en distinto estado de maduración para ir cortando a gusto, comprar una media horma de queso Mar del Plata para tener a diario en la mesa y, si había una reunión familiar, encargar sin culpa una caja de cien sanguches de miga en la famosa panadería “La Pastafrola”, acompañados por masas finas y secas para que cada quien comiera lo que quisiera. Y con el fruto de sus propinas, pagarse la primera quincena de enero en Mar del Plata, alquilando un departamento a dos cuadras de la Bristol. Ir al teatro por las noches y salir a comer afuera sin andar contando las monedas.

No era un magnate ni un empresario: era un trabajador humilde sosteniendo la dignidad de su vida con su propio trabajo.

Yo lo viví, no lo leí en un libro ni me lo contaron.

Que me explique ahora cualquier teórico de escritorio cómo un jubilado de hoy, que cobra la mínima y no tiene ayuda de nadie, hace para comprarse un simple churrasco en la carnicería de la esquina. Le vendieron que es "más rico que un rey medieval" porque puede mirar videos en una pantalla, mientras en la vida real el sistema de extracción estatal y corporativo le licuó la jubilación al punto de obligarlo a elegir entre pagar los remedios o comer carne una vez a la semana.

Ahí es donde el modelo expone su verdadera cara: en la absoluta falta de humanidad. Porque cuando a una persona que trabajó toda su vida le quitás la posibilidad de comer con dignidad o la alegría de llevar a su nieta una o dos veces al año a ver el mar —la suerte inmensa que tuve yo durante toda mi infancia—, no le estás ajustando las cuentas a un número en una planilla de Excel. Le estás arrebatando el fruto de su historia, quebrándole el orgullo y condenando sus últimos años a una humillación silenciosa que ningún aparato moderno va a poder reparar jamás.

Pueden darte mil explicaciones técnicas, curvas macroeconómicas y manuales enteros de teoría para justificar las causas de la inflación, los impuestos o el déficit. Pero todo ese andamiaje conceptual existe para tapar una verdad incómoda: nos vendieron la fantasía de que "el Estado somos todos", cuando en la práctica es un tablero estratégico donde la inmensa mayoría de la población no es dueña de nada, sino apenas un recurso a ser explotado. Un insumo productivo al que se le extrae tiempo, cuerpo y esfuerzo para mantener en marcha una maquinaria que jamás juega a su favor.

No se trata de la discusión superficial sobre si el Estado tiene que ser un poco más grande o un poco más chico. La pregunta real es, cuál es la función real que justifica la existencia del Estado. Porque una cosa es debatir fallas de gestión, y otra muy distinta es descubrir que el sistema no está roto, sino que funciona exactamente para lo que fue diseñado.

Llegados a este punto, no alcanza con entender cómo opera la estructura. La verdadera pregunta es qué hacemos cuando confirmamos que la naturaleza misma del artefacto nos resulta intolerable.

Y para eso, es necesario seguir desarmando discursos... salvo que esto tome demasiada escala y termine en una zanja antes del próximo capítulo...(Continuará)

 

Marian

Consultora en desarrollo personal y comunicación

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El mapa mágico del tesoro 

Desobedecer la normalidad  

Geopolítica Humana: Liderazgo y poder personal

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