¿De qué habla el Estado cuando habla de libertad y dignidad?

Los límites del lenguaje

Ilustración de un edificio institucional monumental hecho de pergaminos y papel desgastado, con definiciones de diccionario impresas en español como "Libertad", "Dignidad" y "Justicia". Las paredes de papel se agrietan y se rompen, dejando caer letras flotantes y palabras en inglés como "FREEDOM" y "DIGNITY". En la base, una multitud de personas diversas extiende los brazos hacia arriba, intentando alcanzar las letras que caen para recuperar el significado de sus derechos. El cielo de fondo está nublado y dramático, con la luz del sol iluminando suavemente a la gente.

Filadelfia, 4 de julio de 1776.

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América.

"Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno…"

— Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 4 de julio de 1776, traducción al español publicada por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

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Resulta sumamente complejo alcanzar un objetivo o construir un camino claro cuando no logramos nombrar con precisión qué es lo que estamos buscando. Desear “ser feliz”, “estar mejor” “estar en paz” o “tener una vida plena” suelen funcionar como horizontes deseables, pero mientras permanezcan en el terreno de lo abstracto no tenemos criterios claros para convertirlos en objetivos concretos, establecer prioridades o decidir qué pasos dar para avanzar. Necesitamos bajar esas ideas a tierra y definir con claridad, qué significan en la práctica para cada uno de nosotros.

Esta misma dinámica podemos verla en nuestras relaciones personales. Rara vez iniciamos un vínculo fijando cláusulas o pautando reglas de manera explícita; la convivencia simplemente sucede. Sin embargo, cuando los roces inevitables y los desacuerdos salen a la luz, la forma en que los abordamos pueden definir el destino del vínculo. Generalmente se abren tres caminos muy distintos:

La negociación consciente: Nombrar con claridad las diferencias, delimitar qué es aceptable para cada parte y construir acuerdos compartidos.
El quiebre por agotamiento: Tolerar en silencio la incomodidad, acumulando fricción hasta que la relación se vuelve insostenible y colapsa.
La resignación: Acostumbrarse paulatinamente al malestar, naturalizando la insatisfacción o la falta de respeto como si fueran el costo inevitable de mantener el vínculo.

Si cuando es necesario no nos detenemos a nombrar qué entendemos por cuidado, respeto o espacio personal, dejamos la relación a la deriva de estos dos últimos caminos.

Desde la filosofía del lenguaje y la semántica, definir un concepto supone establecer qué entendemos por él y cuáles son sus límites. La palabra traza un marco que separa lo que algo es de lo que no es. A escala colectiva, los discursos políticos y económicos están llenos de grandes palabras abstractas, pero ¿qué quieren decir exactamente cuando dicen —“progreso”, “desarrollo”, “vida digna”, “libertad”— que se repiten con frecuencia sin que nos detengamos a definir colectivamente qué significan en la práctica?

¿Cómo podríamos acercarnos a construir un sistema sano si ni siquiera tenemos un consenso mínimo sobre qué lo define o qué implica, en concreto, vivir con dignidad? Cuando dejamos esos conceptos vacíos o ambiguos, le entregamos al poder la facultad exclusiva de definir los límites por nosotros, imponiendo su propia versión de la realidad como si fuera la única posible.

¿Qué significa ser libre?

¿Libertad es simplemente no estar preso?
¿Es tener alternativas reales o basta con la ilusión de poder elegir entre las pocas disponibles?
¿Es no depender de la voluntad ajena ni del chantaje económico para sobrevivir?
¿Es poder actuar según los propios principios aun cuando el sistema imponga un costo por hacerlo?
¿Puede alguien tener un abanico de opciones de consumo y, aun así, no ser libre?
¿Existe verdadera libertad si debemos pagar una tarifa para acceder a las condiciones mínimas que garantizan nuestros propios derechos?

Es precisamente en esa disputa por los significados donde la discusión sobre la libertad deja de ser un eslogan político para convertirse en una urgencia concreta.

Porque las palabras no solo describen la realidad: también condicionan la manera en que la interpretamos. Si entendemos la libertad únicamente como la ausencia de prohibiciones explícitas, podemos considerarnos libres mientras nuestras posibilidades reales de decidir sobre la propia vida se reducen cada vez más. Si confundimos el desarrollo con el crecimiento económico, podemos celebrar indicadores positivos sin preguntarnos qué sucede con las condiciones de vida de las personas. Y si definimos la dignidad como un principio abstracto, sin preguntarnos qué necesita una persona para vivir dignamente, corremos el riesgo de defenderla en el discurso mientras ignoramos las condiciones que la hacen posible.

No es un detalle menor. Las definiciones que aceptamos establecen el marco desde el cual juzgamos lo que sucede a nuestro alrededor. Determinan qué consideramos un problema, qué situaciones naturalizamos y cuáles nos parecen intolerables. También condicionan las soluciones que somos capaces de imaginar: si aceptamos como inevitable todo aquello que se presenta como una necesidad económica, una exigencia del sistema o una consecuencia del orden establecido, dejamos de preguntarnos si ese orden podría organizarse de otra manera.

Por eso, disputar los significados no consiste en discutir palabras por el simple hecho de discutirlas. Consiste en recuperar la capacidad de examinar qué hay detrás de ellas, qué realidad describen, qué aspectos dejan fuera y a qué intereses puede servir la interpretación que termina imponiéndose.

¿Qué significa vivir con dignidad?

Si buscamos una respuesta en los documentos que fundamentan nuestro orden jurídico, encontramos que la dignidad humana ocupa un lugar central. No es simplemente una idea ni una aspiración de una corriente filosófica particular: es uno de los principios sobre los que se construyó el sistema internacional de derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948, reconoce en su preámbulo la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana como fundamento de la libertad, la justicia y la paz. Su primer artículo establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, no ofrece una definición precisa de qué significa vivir dignamente. En cambio, desarrolla una serie de derechos que buscan proteger esa condición: la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la educación, el trabajo y un nivel de vida adecuado, entre otros.

La misma idea aparece en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptados en 1966. Ambos parten del reconocimiento de la dignidad inherente a la persona humana. El segundo, además, vincula la realización de los derechos con la creación de condiciones que permitan a las personas vivir libres del temor y de la miseria. No alcanza, por lo tanto, con reconocer libertades en términos abstractos: también importan las condiciones sociales y económicas necesarias para ejercer los derechos.

En el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la integridad personal y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Otros instrumentos internacionales desarrollan dimensiones específicas de la dignidad, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pone especial énfasis en la autonomía individual y la independencia.

En Argentina, el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a determinados tratados de derechos humanos, entre ellos la Declaración Universal, la Convención Americana y los dos pactos internacionales mencionados. La dignidad, por lo tanto, no es solamente una aspiración moral: forma parte de los principios que orientan nuestro marco jurídico y que justifican la existencia misma de un Estado cuya razón de ser es, precisamente, garantizarlos y hacerlos cumplir.

Esto se respalda en el principio de servicialidad del Estado —que establece que las instituciones están al servicio de la persona humana y de la garantía de sus derechos— y en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 29 y 30), que delimitan el uso del poder público y prohíben expresamente que las autoridades utilicen sus atribuciones para fines distintos de aquellos para los cuales les fueron otorgadas. El Estado existe para hacer efectivas esas garantías, no para la autopreservación de la burocracia, la protección de intereses corporativos ni el beneficio de unos pocos.

Sin embargo, al mirar la dinámica cotidiana, la realidad linda con lo absurdo: toda esa inmensa maquinaria institucional y burocrática da la impresión de haber sido diseñada únicamente para cobrar tasas, gastos administrativos, sellos, tramitar formularios e informarle al ciudadano qué impuestos debe pagar y qué normas debe acatar, olvidando por completo que su razón de ser era, en primer lugar, garantizar sus derechos, no vendérselos…

La incorporación de estos tratados al bloque de constitucionalidad devela una contradicción estructural: el Estado utiliza el lenguaje abstracto y los conceptos jurídicos indeterminados como una estrategia de simulación para eludir sus responsabilidades originarias. Al declarar principios como la dignidad o la libertad sin definir operativamente sus alcances materiales, estas nobles proclamas se transforman en recipientes vacíos que el poder político y económico llena a su conveniencia. Así, la "libertad" se declama en términos absolutos mientras la vida cotidiana de los ciudadanos se encuentra asfixiada e hiperregulada por un entramado impositivo implacable, y el "desarrollo" se mide a través de indicadores macroeconómicos abstractos que invierten los fines de la organización social, tratando a los seres humanos como meros recursos para la economía y no a la economía como una herramienta al servicio de las personas.

Al carecer de una definición consensuada sobre qué constituye un "sistema sano", el relato del progreso se enfoca exclusivamente en lo que se construye, invisibilizando deliberadamente lo que se destruye: la salud mental de las mayorías, el tejido social y el medio ambiente. En definitiva, ésta calculada ambigüedad conceptual permite perpetuar una estructura donde un sector minoritario acumula riqueza a costa de la carga de una mayoría precarizada.

Ahora bien, reconocer la dignidad como un principio universal no equivale a haber resuelto qué condiciones concretas exige. Los documentos mencionados establecen derechos y obligaciones importantes, pero no reúnen todas sus implicaciones en una única definición operativa de lo que significa vivir dignamente.

Y es precisamente ahí donde aparece la cuestión que debería interesarnos: si la dignidad humana es el fundamento de los derechos que reconocemos, ¿cómo determinamos si las condiciones en las que vivimos son compatibles con ella?

Podemos ordenar la cuestión en dos planos:

Principios que reconocemos	Preguntas que necesitamos resolver
Toda persona tiene dignidad.	¿Qué condiciones debe reunir una vida para que esa dignidad sea respetada en la práctica?
Todas las personas tienen derechos.	¿Qué posibilidades reales tienen de ejercerlos?
La autonomía individual merece respeto.	¿Qué margen efectivo tenemos para decidir sobre nuestra propia vida?
Todas las personas tienen igual dignidad y los mismos derechos fundamentales.	¿Qué significa la igualdad si no garantizamos a todas las personas las condiciones mínimas necesarias para vivir con dignidad y ejercer sus derechos?
Los Estados deben respetar y garantizar derechos.	¿Con qué criterios evaluamos si las instituciones y las políticas públicas contribuyen a ese objetivo? ¿Qué pasa si no se cumplen?

Estas preguntas buscan examinar qué hace falta para que esos principios se traduzcan en condiciones de vida concretas.

Porque una persona puede tener formalmente derecho a estudiar y carecer de los recursos necesarios o tener que trabajar doce horas al día para subsistir, sin disponer del tiempo para hacerlo. Puede tener libertad para elegir dónde vivir y no contar con ingresos suficientes para acceder a una vivienda. Puede elegir qué comer y querer alimentarse de manera saludable, pero no poder pagar los alimentos que necesita. Y puede ser jurídicamente libre para rechazar determinadas condiciones laborales y, al mismo tiempo, depender de ellas para cubrir sus necesidades básicas.

En cada caso, el derecho formal y la posibilidad efectiva de ejercerlo son dimensiones diferentes. Y si queremos evaluar el desarrollo de una sociedad, necesitamos observar ambas.

Esto tampoco significa que exista una única manera correcta de vivir. La dignidad no debería depender de que todas las personas compartan los mismos valores, aspiraciones o proyectos. El desafío consiste en identificar condiciones fundamentales que permitan a cada una desarrollar su propia vida, sin que su existencia quede reducida a satisfacer los intereses de otros.

Si afirmamos que una economía debe estar al servicio de las personas, que el Estado debe proteger sus derechos y que el desarrollo debe mejorar sus vidas, necesitamos poder examinar los resultados. ¿Qué entendemos por mejorar una vida? ¿Qué condiciones son indispensables? ¿Qué desigualdades limitan la autonomía? ¿Qué consecuencias estamos dispuestos a considerar incompatibles con una sociedad digna?

Sin criterios para responder estas preguntas, palabras como progreso, crecimiento, bienestar o desarrollo pueden justificar modelos muy diferentes, incluso cuando sus resultados para la vida de las personas y el medio ambiente son contradictorios o francamente destructivos.

Es necesario desarticular un discurso tan recurrente como desgastado: “la culpa la tiene el gobierno anterior” y diferenciar entre los gobiernos que administran el Estado y el Estado como institución, cuya obligación de garantizar los derechos de las personas no desaparece con cada cambio de gestión. Que un gobierno haya dejado deudas, déficit o recursos insuficientes no convierte a la ciudadanía en responsable de esa situación ni exime a la gestión siguiente de su obligación de restituir los derechos que no fueron garantizados, en lugar de utilizar esa herencia como justificación para seguir postergándolos.

Así como cuando se vende una propiedad o un vehículo con obligaciones pendientes, el cambio de titularidad no hace que esas obligaciones desaparezcan: su cumplimiento debe resolverse conforme a la ley y a las responsabilidades que correspondan. Del mismo modo, el cambio de gobierno no extingue las obligaciones del Estado frente a la ciudadanía. La administración de los recursos puede cambiar de manos; la responsabilidad institucional de garantizar los derechos permanece

Antes de discutir si necesitamos más subsidios o menos, también deberíamos preguntarnos qué condiciones económicas hacen necesarios esos subsidios. ¿Cuántas de las dificultades que intentamos compensar mediante ayudas estatales podrían aliviarse si las personas conservaran una mayor proporción de sus ingresos y tuvieran menos cargas que afrontar? No se trata de dar por sentado que los subsidios son innecesarios, sino de evitar que el debate sobre cómo compensar las carencias sustituya a la pregunta por sus causas.

Por eso, antes de discutir qué modelo económico conviene, cuánto debe intervenir el Estado o qué políticas deberíamos aplicar, hay una cuestión anterior: ¿cuál es el piso material y de libertades que el Estado debe garantizar de forma irrenunciable para que podamos afirmar que respeta la dignidad de “todas” las personas que están bajo su jurisdicción? Sin la definición precisa de ese umbral mínimo, cualquier debate sobre modelos económicos se reduce a una discusión tecnocrática vacía de sentido humano.

Hay otra cuestión que no podemos pasar por alto: ¿qué ocurre cuando no se cumplen nuestros derechos?

Los ciudadanos conocemos bastante bien nuestras obligaciones. Sabemos que existen plazos, multas, sanciones y mecanismos para exigirnos que las cumplamos. Pero cuando son las instituciones las que no garantizan los derechos que tienen la obligación de proteger, ¿qué mecanismos tenemos para exigir que lo hagan? ¿Qué consecuencias tiene ese incumplimiento para quienes lo padecen? ¿Y qué responsabilidad asume quien debía garantizar esas condiciones?

Cuando es el Estado el que incumple sus obligaciones constitucionales el sistema se vuelve ciego. Nadie multa a las instituciones por violar la dignidad humana.

Y para responder a esa asimetría entre exigencias y garantías, necesitamos dar un paso atrás y volver a lo más básico: comprender dónde se traza la frontera del abuso. Porque la tolerancia hacia el Estado se termina ahí donde su inacción nos reduce a un estado de pura supervivencia. Si al ciudadano se lo acorrala con obligaciones y castigos, pero se lo deja desamparado en sus derechos fundamentales, el poder real vuelve a la gente. Plantarse frente a esto no es un ejercicio teórico: es el acto de defensa propio de una mayoría que se niega a seguir siendo el combustible de una estructura que la desgasta y la posterga.

En el plano individual, entender dónde terminan mis límites y dónde empiezan los del otro es el requisito indispensable para construir cualquier relación saludable. Es saber reconocer qué me pertenece y qué pertenece a los demás. Sin esa distinción clara entre lo propio y lo ajeno, la convivencia se vuelve invasiva, abusiva o caótica.

A nivel colectivo ocurre exactamente lo mismo: no podemos defender una libertad ni identificar cuándo está siendo vulnerada si no entendemos con precisión dónde terminan las atribuciones del poder y dónde empiezan nuestros derechos inalienables. Si no sabemos trazar esa frontera, resulta imposible distinguir un acto de autoridad legítima de una intromisión indebida o un abuso de poder. El problema es que, además, esa frontera nunca está quieta: el Estado la va corriendo silenciosamente a fuerza de leyes nuevas y nuevas imposiciones. Te inventa regulaciones —como, por ejemplo, la obligatoriedad de la VTV— que se suman a lo que ya pagás por la patente, funcionando en la práctica como aduanas internas pensadas para sacarte plata. Así, el derecho básico a circular deja de ser libre y pasa a tener un precio que pagás una y otra vez bajo distintos nombres. Si no registramos ese avance hormiga del poder sobre nuestras vidas, terminamos normalizando el despojo.

Sin embargo, hay una razón por la que a la mayoría nos cuesta tanto reconocer esos límites: nunca fuimos educados para defender nuestras propias fronteras.

Desde la infancia, el sistema educativo nos formó con devoción para memorizar las fechas patrias, cantar el himno con postura firme y venerar los símbolos nacionales. Nos enseñaron a prometer fidelidad a la bandera y a encarnar un concepto abstracto de “patria” que casi siempre exige obediencia, deber y sacrificio. Pero rara vez nos enseñan, con esa misma pasión y rigor, a entender la Constitución como un escudo protector frente a los abusos del Estado, a exigir el cumplimiento de nuestros derechos con vehemencia o a reconocer el valor sagrado de nuestra propia dignidad humana. Nos instruyeron para ser súbditos disciplinados y patriotas funcionales, no ciudadanos conscientes de su propia soberanía.

Pero ¿no debería ser precisamente la educación el lugar donde aprendamos a comprender esas instituciones, conocer nuestros derechos y desarrollar las herramientas necesarias para evaluar si quienes ejercen el poder cumplen con su función?

Para cumplir esa misión, la educación debería gozar de una autonomía real frente al poder político, en lugar de funcionar como una institución más al servicio de quienes gobiernan. Su función no debería ser formar ciudadanos obedientes al orden establecido, sino personas capaces de comprenderlo, cuestionarlo y transformarlo.

Si aprendemos a venerar la patria, pero no a cuestionar lo que se hace en su nombre, ¿cómo vamos a reconocer los límites del poder cuando se presenta como defensor de aquello que nos enseñaron a respetar como un valor sagrado?

De esa falla de origen nace la confusión sobre lo que verdaderamente significa emanciparse.

En el ámbito personal, emanciparse de los padres significa dejar de estar bajo su tutela y adquirir autonomía para decidir sobre la propia vida, con todo lo que eso implica. Significa asumir el costo de las decisiones propias, pero también el derecho a tomarlas: los padres ya no deciden el rumbo de nuestro futuro ni pueden imponer restricciones sobre cómo debemos vivir. Elegir un camino propio no significa una deslealtad ni renegar de nuestro origen, sino dejar de confundir el reconocimiento de lo que recibimos con la obligación de reproducirlo.

Sin embargo, cuando trasladamos esto a escala social, nos encontramos con una gran estafa histórica. Nos enseñaron a celebrar el Día de la Independencia como el momento en que nos emancipamos de las potencias extranjeras. Pero si miramos de cerca, lo que realmente ocurrió fue la emancipación del poder, no del ciudadano. El nuevo gobierno local se liberó de la corona de afuera para adquirir la libertad de controlarnos desde adentro. Se cambió de amo, pero el ciudadano común mantuvo las restricciones, las cargas y la misma obligación de obedecer. Las potencias extranjeras dejaron de cobrarnos impuestos, pero el Estado propio perfeccionó el mecanismo para seguir sacándonos el fruto de nuestro trabajo.

Por eso, la emancipación colectiva sigue siendo una cuenta pendiente. Significa dejar de comportarnos como menores de edad frente al poder de turno. Significa dejar de esperar que un gobierno o un líder mesiánico actúe como un padre que decide qué merecemos, qué calidad de vida podemos tener o qué permiso necesitamos para trabajar. No hay emancipación posible mientras sigamos aceptando la escasez como destino, la arbitrariedad como norma y la fuerza como argumento.

Y si no te gusta lo que hay para comer, cuidado con protestar: no sea cosa que, además de pasar hambre, termines recibiendo una lección sobre el orden público.

La verdadera libertad no se concede desde arriba por la benevolencia de quienes administran el Estado; se ejerce desde abajo, cuando una sociedad aprende a nombrar sus derechos, reconoce sus propios límites y decide dejar de tolerar que los rebasen.

Es ahí donde se vuelve evidente que el problema no es coyuntural ni de un partido político el problema es estructural.

Como explicaba Antonio Gramsci, el poder se sostiene también cuando logra que una determinada visión del mundo se incorpore al sentido común. Así, intereses y relaciones de poder históricamente construidos pueden terminar percibiéndose como naturales, inevitables o como la única forma posible de organizar la sociedad. Nos acostumbramos a interpretar la realidad desde ese marco, incluso cuando sus reglas y asimetrías nos perjudican.

Por eso, el paso que no nos podemos saltear exige soltar las creencias a las que estamos aferrados y cuestionar esa supuesta «normalidad». Reconocer los mecanismos que nos condicionan es solo el comienzo; el paso siguiente es dejar de reproducirlos automáticamente en lo cotidiano. Cuestionar el orden actual no consiste en rechazar todo lo establecido de manera caprichosa ni en suponer mágicamente que cualquier alternativa será mejor, sino en recuperar la capacidad de examinar lo que damos por sentado y distinguir entre los límites necesarios para la convivencia y aquellos que solo protegen privilegios.

Esto requiere, en primer lugar, volver al origen de esta reflexión y recuperar el sentido de las palabras. Necesitamos dejar de defender discursos que solo suenan bonitos para empezar a analizar su significado real. Si no nos detenemos a exigir definiciones claras de lo que representan hoy conceptos como democracia, representación, límites, libertad, progreso o derechos humanos, seguiremos siendo rehenes de lemas vacíos que justifican modelos destructivos.

No debemos olvidar la gran lección del siglo XX: las estructuras de poder pueden convertir los ideales más nobles en la máscara perfecta para la barbarie. En nombre de la libertad, la paz, la justicia, la defensa de la patria, la civilización o la seguridad nacional se han justificado guerras, persecuciones y exterminios. Los mayores horrores de la historia no se cometieron al margen del Estado, sino también en su nombre, bajo discursos que presentaban la violencia como una necesidad, un deber o incluso una causa moral.

Podemos hablar de derecho a la vida o a la dignidad humana si una guerra es legal, si se permite cuestionar el destino de las personas que migran de zonas de conflictos… o necesitamos que los bombardeos alcancen todo el planeta para plantearnos ahí si es justo. ¿En qué momento decidimos que la vida y los derechos de los demás son un costo aceptable para mantener nuestra propia tranquilidad?

¿Podemos defender la dignidad humana solo cuando su vulneración nos afecta directamente? ¿Podemos reclamar nuestros derechos y, al mismo tiempo, aceptar que otros no dispongan de las condiciones necesarias para ejercer los suyos? ¿Podemos hablar de libertad mientras justificamos restricciones que impiden a otros decidir sobre su propia vida?

La dignidad no es un asunto individual, sino también la capacidad que tenemos de reconocerla en los demás. Ignorar la pérdida de derechos ajenos solo valida la misma regla de juego que, más temprano que tarde, nos alcanzará a todos. No hay posibilidad de construir un sistema sano desde la apatía o desde la idea de que la suerte del otro no nos incumbe.

La solución no es una respuesta cerrada: es una construcción colectiva que dé forma a otra estructura. No se trata de pelear por el lugar que nos toca dentro de una estructura que no es sana sino de transformarla. Las reglas que organizan la convivencia se sostienen o se transforman mediante nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestras omisiones y aquello que aceptamos como normal.

Pero emanciparnos no consiste solamente en reconocer lo que no queremos aceptar. También necesitamos ampliar lo que somos capaces de imaginar. Existen experiencias de democracia directa con mecanismos participativos de abajo hacia arriba —como la que aplica Suiza en sus cantones—, hasta experiencias de comunidades autónomas, modelos cooperativos o ecoaldeas sostenibles. Ninguna es perfecta ni aplicable como receta mágica, pero todas demuestran que la forma actual de organizar la sociedad no es la única alternativa posible.

La ambición, la voluntad de poder, la manipulación y el intento de subordinar a otros en beneficio propio no son atributos exclusivos de la clase política; también aparecen en nuestras relaciones cotidianas. El desafío no es imaginar una sociedad sin esas tendencias, sino desmantelar cualquier estructura que permita convertir esas inclinaciones en relaciones de subordinación legalizadas. Hay que trazar una frontera clara entre la simple administración de los recursos comunes y el ejercicio del poder: quien administra no puede tener la facultad de escribir o cambiar las leyes a su propio beneficio. El objetivo final es construir una comunidad de personas maduras, capaces de resolver sus diferencias mediante el consenso y acuerdos entre iguales, sin someterse a la tutela de un Estado que se atribuya el rol de padre para decidir sobre el futuro de millones de personas.

Tampoco podemos seguir delegando ciegamente el rumbo de nuestras vidas en una institución que, durante siglos, ha reproducido estructuras de poder sostenidas sobre la desigualdad. Es bastante ingenuo creer que lo cambiará la administración siguiente.

Cuando las vías institucionales se convierten en un callejón sin salida que solo protege al poder, la historia del pensamiento político y el constitucionalismo nos recuerdan que la autoridad no es un cheque en blanco. La desobediencia civil pacífica, defendida por pensadores como Henry David Thoreau y llevada a la práctica por Gandhi y su movimiento, permite denunciar públicamente leyes o prácticas consideradas injustas mediante la acción no violenta. Por su parte, el derecho de resistencia a la opresión fue reconocido expresamente en el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Cuando un Estado viola sistemáticamente la dignidad y los derechos fundamentales de su población, erosiona la legitimidad que fundamenta su autoridad.

Y no debería hacer falta llegar a la tortura, la desaparición o la masacre para reconocer que nuestros derechos están siendo vulnerados. ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para dejar de considerar aceptable lo que nos perjudica? Si esperamos a que el abuso alcance sus formas más extremas para cuestionarlo, ¿cuántas vulneraciones previas habremos normalizado en el camino?

Esperar ese límite es llegar cuando ya no queda nada por defender…

Meter una boleta en una urna no va a devolvernos lo que hemos ido cediendo por inercia.

Como bien advirtió Martin Luther King Jr. en su Carta desde la cárcel de Birmingham, la libertad no se concede voluntariamente desde el lugar del opresor: debe ser exigida por quienes la ven vulnerada. Y esa exigencia empieza cuando dejamos de aceptar como inevitable aquello que nos despoja de nuestra autonomía y nuestra dignidad.

Un destino distinto surge de algo mucho más íntimo y transformador: un despertar profundamente humano. Es la decisión consciente de dejar de naturalizar la crueldad y la deshumanización del otro, de sentir la herida ajena como propia, de recuperar el suelo que habitamos y de sostener la certeza de que nuestras vidas nos pertenecen. La libertad real no es un permiso que nos concede el poder, ni un bien por el que debamos pagar. Se trata, al final del día, de volver a elegir la empatía sobre la apatía, y de construir una convivencia donde ninguna razón de Estado, por poderosa que sea, pase jamás por encima del derecho a la vida y a la dignidad humana.

“Resolveos a no servir más, y seréis libres”.

— Étienne de La Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria.

Amén. Amén y amén.

P. D.: Yo lo resolvería bastante fácil: por ley, quienes gobiernan deberían cobrar el salario mínimo, vital y móvil que ellos mismos determinan, sin gastos de representación y con una jubilación equivalente a la mínima. Si ese piso de ingresos alcanza para vivir dignamente, no deberían tener inconvenientes en demostrarlo con el ejemplo.

y una de dos... o resolvemos el piso de la dignidad humana o desaparecen todos los políticos... En cualquiera de los dos casos, la realidad nos daría una respuesta.

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